Éste es el titular de una nota publicada en el diario El Comercio, el domingo 6 de septiembre del año en curso. A breves rasgos, la historia que se reseña en la noticia es la siguiente:
Tatiana Vásquez y Paulina Esparza fueron dadas de baja de la Escuela Militar en marzo de 2007 por haber quedado embarazadas. Los novios eran dos cadetes del último año, quienes se graduaron sin problemas. Ellas son ahora madres solteras.
El jefe de la Escuela Militar, el Coronel Eduardo Vaca, cree que no se debe permitir que se violen las leyes de la Escuela. Afirma que mantener relaciones sentimentales entre cadetes y que de esa relación resulte un embarazo es una falta atentatoria que desemboca en la remoción de la Escuela Militar.
Para el Coronel, no es sano que estas mujeres reingresen a la institución, porque se procura que los valores que cultiva la institución se conserven intactos, y el reingreso sería un antecedente no deseable para el resto de la comunidad educativa.
Negar el reingreso de las dos mujeres a la Escuela Militar, para el Coronel en cuestión, no es un acto de discriminación, porque la Constitución dice que se debe precautelar el derecho de los niños a tener cerca a sus madres (no dice nada de los padres). Si reingresan a la Escuela no se respetaría ese derecho. Además, afirma, cuando entraron a la institución sabían las normas y no las pueden violar. A más de derechos tenemos obligaciones, concluye.
¿Qué les parece? No importa que hayamos aprobado una constitución que proclama el respeto a los derechos fundamentales de las personas y que prohibe cualquier forma de discriminación. Para algunos, como el Jefe de la Escuela Militar, lo que cuenta son los reglamentos institucionales, lo más importante es mantener el estatu quo.
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